Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y delitos de seguridad nacional. Los individuos señalados, muchos de los cuales son ciudadanos o residentes de países como el Reino Unido, EE. UU., Australia y Canadá, están vinculados al grupo no oficial 'Parlamento de Hong Kong'. Los gobiernos occidentales han condenado enérgicamente la medida, calificándola como un acto de represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong amenazan la libertad de expresión y la participación política más allá de sus fronteras. Las recompensas han provocado tensiones diplomáticas y renovadas preocupaciones sobre la represión de Pekín contra la disidencia.
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