Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países occidentales, que ven las recompensas como una forma de represión transnacional y una amenaza a las normas legales internacionales y la soberanía. Los críticos argumentan que las acciones de Hong Kong son un intento de silenciar la disidencia e intimidar a los activistas en el extranjero, socavando la libertad de expresión y los valores democráticos. Los gobiernos de Hong Kong y China han defendido las medidas, insistiendo en que son legales y necesarias para la seguridad nacional, mientras desestiman las críticas extranjeras como interferencia. La controversia destaca las crecientes tensiones entre China y las naciones occidentales sobre los derechos humanos y el alcance de las leyes de seguridad nacional más allá de las fronteras.
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